Así se ha manifestado el arzobispo de Granada, Javier Martínez, que de este modo ataca a los empleados públicos y a lo que él llama “el pueblo subsidiado”.

En su homilía del domingo el arzobispo se erigió en economista y expuso sus soluciones a la crisis (no sabemos si fruto de una revelación divina).

Según él, en España existe una “cultura de pueblo subsidiado”. A su juicio, querer ser funcionario “es una enfermedad social”, esas fueron las palabras que pronunció en la Abadía del Sacromonte, durante la celebración de la misa que se celebra cada año en honor a San Cecilio, patrón de Granada.

El arzobispo relató sus experiencias cuando aún estaba en la universidad: “Hice alguna encuesta cuando estaba empezando a ser obispo, y un porcentaje muy alto, cercano al 80% de los chicos, buscaban ser funcionarios; eso es una enfermedad social”.

Parece ser que el arzobispo cree que los bomberos, médicos, policías, etc. son subsidiados del estado que no trabajan, que no se ganan el sueldo. Defendió la cultura de los emprendedores, el capitalismo norteamericano, aunque no comentó nada acerca de su aportación personal al crecimiento del producto interior bruto del estado español.

Pero el arzobispo no es nuevo en esto de dar titulares a la prensa, hace poco comparó la reforma de la Ley del Aborto con el régimen de Hitler, diciendo que al lado del aborto, los crímenes de los Nazis “no eran tan repugnantes”, llegando al despropósito de decir que “la mujer que abortaba daba a los varones la licencia absoluta, sin límites, de abusar de su cuerpo”. Curiosas cuando menos las imágenes que el arzobispo es capaz de dibujar en su mente.

Pero Martínez no sólo está iluminado para impartir clases de economía, también domina la ciencia de la medicina, según palabras suyas “el uso de los preservativos no ha detenido los contagios del virus del sida en África, sino que los ha propagado”.

De hecho con estas afirmaciones, sólo apoyaba las de su “jefe” Benedicto XVI, por las que recibió duras críticas de representantes políticos e institucionales de diversos países europeos, como Francia, Bélgica o España. Asimismo, la prestigiosa revista médica The Lancet exigió al sumo pontífice que se retractara públicamente de unas palabras que tachó de “atroces” en un durísimo editorial.

Quizás estas lecciones de economía debería aplicarlas a su “empresa”, ya que desde que asumió el cargo, en el año 2003, la deuda de la Diócesis ha pasado de 1,2 a 28 millones de euros.

Esta deuda se debe a los gastos en la construcción de centros, en los que ha colocado a personal de su confianza vinculado a los movimientos ultracatólicos Comunión y Liberación y Camino Neocatecumenal (conocidos como los kikos) que ocuparon los pasillos de los juzgados para rezar por el arzobispo acusado.

Martínez ha contratado a unas 60 personas, elevándose los gastos de personal a más de 300.000 euros al año. El sueldo del arzobispo es de 1.200 euros al mes, un sueldo al que hay que sumar que tiene todas sus necesidades diarias cubiertas, y que sus gastos extraordinarios (viajes, comidas y cenas) corren a cargo del arzobispado. El arzobispo tiene a su servicio a tres secretarias, un chófer, una gobernanta, una cocinera y una empleada de limpieza. Lo que no se le puede negar es que crea empleo, aunque lo paguen los feligreses. Su antecesor, Antonio Cañizares sólo disponía de un secretario personal y de una asistenta a medida jornada.

La mayor parte de la deuda de la diócesis se debe a un préstamo de 19,5 millones para la realización de obras en la Escuela Universitaria de Magisterio La Inmaculada. El Banco Popular concedió un préstamo de 19.518.133 euros mediante la firma de una hipoteca constituida a nombre del arzobispado. Esta actuación de Martínez provocó quejas ante el nuncio y ante el Vaticano. La última, suscrita por miembros del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, fue planteada el pasado septiembre ante la Congregación para los Obispos de la Santa Sede, que aún no ha adoptado ninguna resolución. El préstamo hipoteca a la diócesis durante 25 años, periodo tras el cual el arzobispado habrá pagado unos 38 millones.

A lo que no se refirió en su homilía fue a los 4.000 casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos, reconocidos por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal William Levada, y que se produjeron en los últimos diez años.

Javier Martínez puede presumir del dudoso honor de haber sido el primer prelado que se sentó en el banquillo de los acusados por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote que lo denunció, por el que fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada al pago de una multa de 3.750 euros y del que en un posterior recurso quedó absuelto.